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Por Cristopher Meza Sánchez.

Pronto inician las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para acceder a recursos frescos (deuda pública externa) que permitan garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas, mediante una reducción del déficit primario (mayores ingresos, menos gastos) como el déficit financiero (pago de intereses) del Gobierno Central. Sin embargo, qué implicará para nuestras vidas y economías, el programa macroeconómico en marcha.

Considerando la relevancia político-económica de este acontecimiento, debemos orientar nuestra mirada como pensamiento hacia el desarrollo territorial de la región que habitamos. De ahí que, promuevo pensar en torno a dos grandes ejes articuladores: las capacidades económicas disponibles y las necesidades humanas satisfechas. Ambas dimensiones facilitarán trazar un mapa sobre impactos inmediatos y efectos a largo plazo.   

En relación con las capacidades económicas disponibles, es previsible que las medidas implementadas afecten el poder adquisitivo o de consumo de las personas y empresas. De manera puntual, me refiero a un acceso restringido a bienes y servicios de diversa índole o el encarecimiento de los mismos, ya que se proponen modificaciones tributarias al impuesto de la renta, al valor agregado, de bienes inmuebles, entre otros.

Como resultado, se desestimularán o desincentivarán las actividades empresariales en sus diferentes modalidades, pero principalmente micro y pequeñas empresas o negocios. Las cuales enfrentan desde hace mucho tiempo, serias dificultades para consolidar e incrementar sus operaciones en el mercado. Dichas circunstancias impactan a su vez, la generación de empleo digno, precarizando las condiciones laborales y la seguridad social.

Por su parte, las necesidades humanas satisfechas o insatisfechas, según sea el caso, se encuentran estrechamente vinculadas con el empleo digno, puesto que los niveles deseados de bienestar individual como colectivo, se alcanzan con grados aceptables de estabilidad. Unos que se construyen a través de múltiples mecanismos u oportunidades de inclusión laboral y social, incorporando a todas las personas como sus territorios.

No olvidemos los efectos generados hasta el día de hoy por los programas de ajuste estructural en la década de los 90, cuyos derechos-promesa seguimos esperando que se cumplan a cabalidad, en uno de los países más desiguales de América Latina. Cuando lo cierto es que ese fantasma se experimenta aún en la informalidad y sobreoferta laboral, en unos segmentos de la población como en los niveles de pobreza presentes en otros.

Finalmente, la cuestión política no es menor. Porque dependiendo de nuestras acciones, profundizaremos o no el estilo de desarrollo desigual y excluyente que vivimos en el país. Expresado en la reducción de mayores oportunidades de vida, mejores servicios públicos esenciales y determinados umbrales de bienestar. En contraste, solo nos queda tomar una posición clara ante el ejercicio democrático como último bastión del futuro presente.     

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