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Por: Cristopher Meza Sánchez. Politólogo, vecino de San Pablo de León Cortés.

Históricamente, las capacidades financieras de los Estados se ven amenazadas por un desbalance entre ingresos y gastos, particularmente en el contexto latinoamericano. Dichas circunstancias impulsan un encendido como conocido debate público sobre el rol o las funciones que cumple en cada sociedad. En consecuencia, surgen las interrogantes: en qué se invierte y para qué, o en su efecto, cuáles son los beneficios directos recibidos.

Lo cierto es que los objetivos de política en las últimas décadas se han orientado a generar bienestar o desarrollo para determinadas personas, empresas como territorios. Ocasionando una creciente percepción y vivencia de desigualdad o inequidad en las grandes mayorías, quienes reclaman por los actos de corrupción o usos ineficientes de los recursos públicos, al tiempo que cuestionan las necesidades de financiamiento estatal.

Ante esta pérdida de valor público, se ha alcanzado una mayor valoración de apertura hacia las opciones de mercado en prestación de servicios, sin importar los distintos accesos resultantes en la sociedad. Sin embargo, la transición en curso implica que todas las personas estén incorporadas tanto laboral como socialmente, situación que no ocurre por múltiples factores ligados a la (re)distribución de riqueza y el crecimiento económico.

Por tanto, sostener un principio de solidaridad e inclusión mediante las formas establecidas de financiamiento estatal, entre ellas: cobro de impuestos, niveles de endeudamiento o inversión de utilidades (empresas públicas), es un imperativo de carácter ético-político en uno de los países más desiguales de América Latina. En compensación, debemos concretar grandes cambios en el sistema tributario vigente.

Tal modelo encuentra su arrastre histórico en el pacto social del 49, cuando las fuerzas políticas decidieron en sus transacciones, recargar sobre los estratos medios y la clase trabajadora, el financiamiento de los servicios públicos básicos y las contribuciones a la seguridad social, eximiendo a los sectores más ricos de la sociedad. Quienes además, promueven mitos sobre la generación de empleo mientras disfrutan de exoneraciones.

Así mismo, no podemos hacer caso omiso de las presiones tributarias que enfrentan las personas trabajadoras independientes como las pequeñas empresas o negocios. Pero tampoco olvidar la tarea pendiente de revisar y transparentar el funcionamiento general de las administraciones públicas en nuestro país. De manera que se incida en la generación de valor público, y por ende, en los factores dinamizadores de la economía nacional.  

En conclusión, nuestra apuesta abiertamente política tiene que ser hacia la consecución de una mayor justicia tributaria, la cual se logra a través de la progresividad como instrumento de política. Dicho en otras palabras, será la pugna comprometida por diseños tributarios más progresivos y definidos por clases de impuestos, bases imponibles como tasas impositivas, las que aseguren una carga tributaria balanceada y mejores resultados.

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