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#OPINIÓN

Cristopher Meza Sánchez /Politólogo

La región de Los Santos cuenta con dos vertederos para la disposición final de desechos en los cantones de Tarrazú y Dota, mientras que el cantón de León Cortés dispone sus desechos en el relleno sanitario El Huazo ubicado en Desamparados. Actualmente, se discute en la Municipalidad de Tarrazú, la posibilidad de construir un relleno sanitario en la localidad de Santa Rosa pero también existe un proyecto en la Municipalidad de León Cortés para instalar una planta de gasificación en el Cerro Abejonal, distrito San Antonio.   

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Ambas opciones de tratamiento y disposición tienen por supuesto un impacto observable como medible en la salud pública y ambiental de las comunidades. Su alto costo de inversión y operación implica el procesamiento de grandes toneladas de desechos, las cuales tendrían que provenir no solamente de los tres cantones sino de otras localidades para garantizar la rentabilidad del negocio como el retorno de la inversión. Con todo, debemos establecer criterios de selección para una toma de decisiones balanceada.

En primera instancia, la modalidad de relleno sanitario presenta ciertas ventajas de tratamiento y disposición, siempre y cuando se asegure la separación de residuos orgánicos (desperdicios de alimentos) como residuos valorizables (reciclaje), reduciendo las toneladas de desechos, los lixiviados como el desprendimiento en vías públicas. El cumplimiento estricto de estas políticas de manejo por parte de sus generadores, facilitaría la adopción de diversas tecnologías por separado que no impliquen altos costos.

En segunda instancia, los procesos de combustión química conocidos más popularmente como incineración, gasificación, pirólisis y plasma, plantean unas condiciones de operación particulares para su funcionamiento sostenible. Dichas tecnologías fueron creadas en economías industrializadas con poblaciones numerosas y composiciones específicas de residuos. A lo largo de su historia, se han evidenciado la producción de substancias altamente tóxicas, la absorción de deudas y el avance del cambio climático.

La selección de una u otra tecnología no es fácil pero no puede recaer exclusivamente en las administraciones municipales, deben involucrar a las comunidades y sus territorios. Puesto que la salud pública y ambiental dependen en gran medida no sólo de los marcos reguladores de instituciones sino el compromiso de las personas y empresas generadoras de desechos. De este modo, nuestras prácticas de consumo tienen que vincularse con sus impactos en la naturaleza que habitamos como en la sociedad que vivimos.

Para concluir, se debe insistir una vez más en valorar y adoptar opciones factibles con bajo presupuesto y alta participación que no perjudiquen la salud pública, las actividades agrícolas y turísticas, las áreas de conservación como las finanzas públicas de las propias administraciones municipales como sus contribuyentes. Así que el tiempo y los intereses juegan en nuestra contra y con nuestro silencio, de manera que las decisiones tienen que ser tomadas conscientemente y antes de que sea tarde, hipotecando el futuro regional.              

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