Por: Cristopher Meza Sánchez. Politólogo, vecino de San Pablo de León Cortés.

Ante las recientes y constantes denuncias por invasión de áreas protegidas por el monocultivo del café, resulta necesario iniciar una discusión sobre los desarrollos productivos que ocupan hoy económicamente los territorios de Dota, Tarrazú y León Cortés, con el propósito de gestionar las diversas problemáticas ambientales desde una perspectiva integral que incorpore los alcances y limitaciones del desarrollo rural territorial.

En contexto, nuestro país se ha caracterizado históricamente por sostener contracciones como exclusiones entre modelos ambientales y esquemas agrarios, ocasionando persistentes conflictos socio-ambientales que involucran tanto comunidades biológicas como humanas. De esta forma, conviene subrayar como principales detonadores: deforestación, pérdida de biodiversidad, expansión de monocultivos y control de tierras.

Para el caso particular en estudio de la región Los Santos, las fronteras agrícolas (expansión de cultivos) siguen compitiendo agresivamente con los imaginarios conservacionistas (áreas protegidas). Sin embargo, dichas situaciones de conflicto responden a las deficiencias o carencias que evidencian las políticas de gobernanza ambiental (negociaciones y transacciones entre actores) en los territorios en cuestión.

Cabe señalar, en primera instancia, que la ausencia intencionada de los planes reguladores cantonales, instrumento jurídico que coadyuva en el desarrollo urbano como en los usos de la tierra, facilita en gran medida las transgresiones ambientales ante el conflicto de competencias entre gobiernos locales y la institucionalidad reguladora ambiental a nivel nacional o la inexistente discusión sobre las alternativas productivas.

Mientras tanto, las denuncias proliferarán ante la Sala Cuarta en cumplimiento del artículo 50 de la Constitución Política o el Tribunal Ambiental Administrativo en materia de sanción restringida por su naturaleza jurídica. De ahí que los debates técnicos como políticos en torno a la ligadura entre ambiente y desarrollo sean interminables para definir sus fines, objetivos y metas, privilegiando unas necesidades e intereses particulares frente a otras.

En este sentido, no se pueden ‘‘meter en el mismo saco’’ a todas las personas caficultoras, pues como bien es sabido prevalecen capacidades productoras diferenciadas. Circunstancias específicas que plantean dialogar sobre posibles alternativas productivas que incrementen los rendimientos económicos por la realización de ciertas actividades que complementen un ambiente sano con el desarrollo sostenible.

Algunas opciones a valorar son la diversificación agrícola, el ecoturismo, la agroecología, el pago por servicios ambientales o los modelos de cogestión comunitaria, un portafolio de inversiones a futuro que no deja de generar controversias en su implementación. Con todo, es urgente avanzar con programas y planes de educación como manejo ambiental que no disocien la generación de empleo e ingresos de la protección de bienes comunes.     

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