«El convenio que la Municipalidad de León Cortés firmó con el Bufete Ulate y Asociados , nos ha ayudado en la actualización de datos de la municipalidad y a encontrar muchas fincas que estaban escondidas», con estas palabras el alcalde de León Cortés, Dennis Mora, describió el convenio que actualmente mantiene ese gobierno local para llevar a cabo la actualización de la base de datos del departamento de bienes e inmuebles, así como los cobros judiciales a los contribuyentes morosos.
El jerarca agregó que no firmó el convenio de forma antojadiza, sino porque el Concejo Municipal lo aprobó; agrega que para ese entonces tanto el cuerpo colegiado como la administración municipal habían recibido varios recursos de amparo incluido uno del Bufete Ulate y Asociados, por no informar los asuntos relacionados a deudas de bienes e inmuebles en el cantón y la Sala Constitucional les dio la razón.
Por otra parte, en cuanto a los cobros judiciales que varios vecinos han denunciado haber recibido sin aviso previo y de los cuáles pagaron a su juicio altos precios por concepto de honorarios de abogado a nombre del Bufete Ulate, el administrador del municipio dijo que los cobros judiciales son producto de la investigación por morosidad que se realiza.
Entre tanto, el director del departamento de Hacienda Municipal, Keneth Rodríguez, explicó que desde el año 2012 se publicó una reforma al artículo 17 de la ley #7509 de Bienes e Inmuebles, el cuál empezó a regir en el 2013, el mismo estableció la obligatoriedad de los gobiernos locales de cobrar una sanción administrativa por la no declaración de bienes e inmuebles cada cinco años:
Artículo 17.- Inobservancia de la declaración de bienes
Cuando el contribuyente no haya presentado la declaración conforme al artículo 16 de esta ley, la Administración Tributaria le impondrá una multa de un monto igual a la diferencia dejada de pagar y estará facultada para efectuar, de oficio, la valoración de los bienes inmuebles sin declarar. En este caso, la Administración Tributaria no podrá efectuar nuevas valoraciones sino hasta que haya expirado el plazo de tres años contemplado en la presente ley.
La valoración general se hará considerando los componentes: terreno y construcción, si ambos están presentes en la propiedad, o únicamente el terreno, y podrá realizarse con base en el área del inmueble inscrito en el Registro Público de la Propiedad y en el valor de la zona homogénea donde se ubica el inmueble dentro del respectivo distrito. Para tales efectos, se entenderá por zona homogénea el conjunto de bienes inmuebles con características similares en cuanto a su desarrollo y uso específico.
En esos casos de valoración o modificación de la base imponible, si el interesado no ha señalado el lugar para recibir notificaciones dentro del perímetro municipal, se le notificará mediante los procedimientos de notificación de la Ley N.º 8687, Ley de Notificaciones Judiciales, de 4 de diciembre de 2008. De haberse indicado lugar para recibir notificaciones, la Administración Tributaria procederá conforme al dato ofrecido por el administrado.
Según Rodríguez, la base del impuesto es de ₡2500 por cada millón. De acuerdo con el Órgano de Normalización Técnica (ONT)del Ministerio de Hacienda, cada cierto tiempo este órgano asesor emite plataformas de valoración con el mapa del cantón y se asigna un valor por metro cuadrado.
«El problema es que desde 1996 los contribuyentes en León Cortés no se presentaban a declarar, pues el municipio solo tenía una persona a cargo que no daba a basto para todo el trabajo. Otro problema que se da es que la gente acostumbra a segregar una propiedad en derechos y no hacen la declaración respectiva de ese cambio». Puntualizó el funcionario de Hacienda.
¿Por qué el interés de un Bufete por tener este convenio con la municipalidad?
De acuerdo con Rodríguez, la intención del bufete era comprar deuda, pues para los inversionistas es rentable comprar las deudas del sector público dada la seguridad de la garantía.
Al ganar el bufete el amparo se procedió a crear el convenio, lo primero que hicieron fue depurar la base de datos con el apoyo logístico de Ulate y Asociados según comparación de la información disponible en el Registro Público, lo que asegura les brindó seguridad jurídica para proceder con los cobros de multas por no declarar.
Desde el 2013 a la fecha los contribuyentes empezaron a declarar y fue ahí cuando se encontraron con las deudas por la no declaración de sus bienes. En el 2017 empezaron a cobrar las multas; sin embargo según declaraciones del jefe de Hacienda Municipal, un señalamiento verbal de un representante de la ONT generó que sus compañeros del área de bienes e inmuebles dejaran de cobrar las multas por dos años y tampoco se realizaron los peritajes.
Agrega que según el artículo 74 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios :»El derecho de aplicar sanciones prescribe en el plazo de cuatro años, contado a partir del 1° de enero del año siguiente a la fecha en que se cometió la infracción., por lo que este 2021 muchas de estas multas prescribieron y prescribirán, lo que está dejando pérdidas cuantiosas para el gobierno local.