Por: Cristopher Meza Sánchez. Politólogo, vecino de San Pablo de León Cortés.

Los niveles de endeudamiento sostenidos en nuestro país para suplir las necesidades de financiamiento estatal, se han orientado a lo largo del tiempo en infraestructura pública, servicios esenciales, desastres, gastos corrientes de gobierno y una que otra área específica emergente en el acontecer nacional. De ahí que se distingan dos mecanismos de aprovisionamiento: uno, externo (organismos financieros internacionales, agencias, bancos de desarrollo) y otro, interno (entidades financieras, pensiones, seguros, valores).

Dichos instrumentos de financiación implican el pago de intereses como amortizaciones, lo que se conoce como el déficit financiero del gobierno central y que para el primer trimestre 2021 se calcula que la deuda interna alcance un 4% del Producto Interno Bruto sumado a la deuda externa que representa un 0,7% del PIB (Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas, 2021)[1]. Pero finalmente y lo más importante, ¿quiénes se benefician con las actuales condiciones de endeudamiento para financiar al Estado?

En los últimos meses y en el marco de las negociones para alcanzar un acuerdo de servicio ampliado con el Fondo Monetario Internacional, se ha suscitado una discusión pública de bajo perfil sobre los tenedores de deuda en el país. Sin embargo, el acceso a la información ha encontrado resistencias en el Banco Central, ocasionando incluso que la misma Sala Cuarta sugiriera una acción de inconstitucionalidad y cuyas fuentes mayormente disponibles corresponden a la Superintendencia de Entidades Financieras.

Un dato no menor porque según una investigación realizada por el Semanario Universidad (2021)[2] las entidades financieras, representadas en este caso por la banca estatal, la banca privada así como las cooperativas de ahorro y crédito, poseen una alta participación en el financiamiento del gobierno central. Una lista que se completa con operadoras de pensiones y el mercado de seguros. Con todo, es lógico que un aumento en los rendimientos por rentas o ganancias de capital se efectúe a través de esta vía.

En contraste, se evidencia un cierto juego en el mercado que incrementa exponencialmente las tasas de interés bajo las cuales se canjean bonos de deuda u otros instrumentos de financiación. Una situación incómoda como claroscura que plantea incisivas interrogantes sobre el marco de regulación existente y su efectividad para este tipo de intercambios o transacciones económicas. Por tanto, deben interesarnos las conexiones como sus efectos, entre el déficit primario y el déficit financiero del gobierno.

De modo que estos grandes ausentes en la discusión fiscal, omiten informar que el potencial ahorro en gasto público proyectado para los próximos años (regla fiscal, empleo público) y en garantía del acuerdo de servicio ampliado con el FMI, serán empleados para pagar los crecientes intereses de deuda cuyos términos contractuales vencen en diferentes plazos y con distintos efectos. En resumen, sin un crecimiento económico sostenido y sin resolver la deuda pública, el acuerdo alcanzado será insuficiente o inútil.

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[1] Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas. (2021). Análisis trimestral de la economía. Disponible en http://iice.ucr.ac.cr/pronostico

[2] Semanario Universidad. (12 de enero, 2021). Gobierno paga hasta 12,5% por intereses de deuda a bancos privados y cooperativas. Recuperado en  https://semanariouniversidad.com/pais/gobierno-paga-hasta-125-por-intereses-de-deuda-a-bancos-privados-y-cooperativas/