•16 mil personas guardan prisión.
@redacción
Con una tasa de 374 privados de libertad por cada 100mil habitantes, Costa Rica es el tercer país de Centroamérica que más encierra a los ciudadanos, superado únicamente por El Salvador y Panamá; se ubica entre los primeros veinte a nivel mundial y ocupa el segundo lugar en relación con los países de la OCDE, solamente superado por Estados Unidos con 655 por cada 100mil habitantes.
En los últimos 10 años la población penitenciaria ha crecido un 78%, siendo que a mediados del 2020 superaba las 16.000 personas, 14% de las cuales son indiciados, es decir, personas sobre las cuales recae la medida cautelar de la prisión preventiva, algunos en esta condición por varios años. A esto se suman 3.000 personas en el sistema semi institucional y 1.700 en modalidad de monitoreo electrónico.
SOBREPOBLACIÓN
Los números crecen cada día: en promedio ingresan mensualmente a los centros penitenciarios del país unas 622 personas. El crecimiento de la población penitenciaria pasaría desapercibido si no fuera porque los 34 mil metros cuadrados en los que se ubica no han crecido al mismo ritmo, generando que los centros penitenciarios acumulen de manera global a hoy un 27% de sobrepoblación, siendo ésta mucho mayor en algunos centros que representan los casos más críticos, así como también coexisten centros que no alcanzan siquiera a usar todos sus espacios.
En Costa Rica, cada persona sentenciada al comenzar el cumplimiento de su condena recibe atención psicológica, orientación para sus procesos de convivencia y resolución de conflictos, tanto con otras personas privadas de libertad como con funcionarios del sistema.
Los factores que se repiten en la población penitenciaria son la pobreza, carencias educativas, consumo de sustancias psicoactivas, falta de atención en salud y pocas oportunidades laborales. Más de la mitad de población penitenciaria tiene 35 años o menos, es decir, son jóvenes y forman parte de la población económicamente activa de este país.
MUJERES VULNERABLES.
El 85% de las mujeres privadas de libertad trabajaban en comercio informal, en actividades como ventas ambulantes, labores domésticas remuneradas y servicios, además se encuentran descontando penas mayoritariamente por temas de narcomenudeo.