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Un caso que arrancó en 2014 encontró resolución este 2021, luego de que la compañía minera canadiense, Infinito Gold, demandará al estado costarricense por cancelar la concesión para realizar exploración minera en Crucitas.

La compañía canadiense alegaba que la cancelación por parte de Costa Rica del proceso de concesión violentaba el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de Canadá para la Promoción y Protección Recíproca de
Inversiones, sin embargo, el tribunal no afirmó ni logró corroborar que esto sucediera.

El caso fue llevado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), quienes luego de 7 años fallaron a favor de Costa Rica.

Según estipula el fallo,

«Costa Rica no le denegó justicia al inversionista, ya que los tribunales nacionales observaron correctamente los principios del debido proceso, y brindaron a Infinito acceso a las oportunidades de defensa necesarias».

Además, el documento resolutivo añade que el país esta en el legítimo derecho de declararse libre de minería metálica a cielo abierto como medio para conservar su medio ambiente.

El fallo de la CIADI exime al país de pagar una suma de $400 millones. Ante esta resolución, el Ministro de Comercio Exterior, Andrés Valenciano mencionó:

Este ha sido, posiblemente, el caso más complejo enfrentado por Costa Rica en materia de arbitraje de inversión internacional. Ha requerido un enorme esfuerzo y un trabajo tenaz, prolongado por más de siete años, de un equipo interinstitucional e interdisciplinario que, con tesón, asumió el gran desafío
de la defensa. El resultado evidencia, una vez más, que los tratados de inversión y la seguridad jurídica
que otorgan son sumamente importantes para defender nuestros intereses nacionales«

Según el comunicado de prensa emitido este 4 de junio por el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE)

el equipo nacional que tuvo a cargo la defensa estuvo integrado por el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) , el Ministerio de Ambiente y Energía (despacho ministerial, dirección legal, SETENA,
SINAC, y Geología y Minas), la Procuraduría General de la República, peritos en los campos del derecho administrativo y finanzas (cuyas opiniones técnicas se aportaron como prueba para complementar los argumentos del país en el proceso), y la firma legal internacional Arnold & Porter
Kaye Scholer, quienes fueron contratados para la colaboración en estrategias de defensa y asesoría jurídica.

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