#Notapatrocinada

En el año 2021, múltiples trabajos de investigación y proyectos de acción social de la Universidad de Costa Rica (UCR), resumieron las experiencias vividas por personas privadas de libertad, que viven diariamente situaciones de discriminación y violación de los derechos humanos.El informe que presentó la Facultad de Derecho de la URC a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), fue motivado por la solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por las dudas en el trato de las personas privadas de libertad.Los datos que se le solicitaron a decenas de instituciones y organizaciones civiles de América.

ACCESO A LA JUSTICIA.

El informe arrojó que Costa Rica no es clara en cuanto al acceso a la justicia y no cumple con los derechos humanos de los sentenciados.Entre el grupo vulnerado destacan las mujeres en estado de embarazo o en período de postparto y lactancia, los hijos e hijas que conviven con ellas, personas provenientes de poblaciones indígenas, adultas mayores y de la comunidad LGBT.

El informe presentado ante la Corte IDH, destaca en sus conclusiones que en el contexto costarricense se identifican graves violaciones de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, en especial condición de riesgo o vulnerabilidad. Por lo tanto, como acción prioritaria, es necesario aplicar las Reglas de Tokio de las Naciones Unidas.

¿QUÉ HACER?

El Organismo internacional hizo un llamado para que el país siga sensibilizando a los juzgadores como los jueces, para que se garanticen los recursos y el acceso a la justicia de la población privada de libertad.Otro de los temas que señalaron fue garantizar las traducciones cuando una persona indígena es juzgada por el sistema jurídico nacional. Hay investigaciones que nos muestran que no necesariamente se está cumpliendo a cabalidad este tipo de derechos tan importantes.

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